SUPERSOCIEDADES SANCIONÓ A LUKET S.A.S., POR ACTOS DE CORRUPCIÓN EN APLICACIÓN DE LA LEY 2195 DE 2022
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SUPERSOCIEDADES SANCIONÓ A LUKET S.A.S., POR ACTOS DE CORRUPCIÓN EN APLICACIÓN DE LA LEY 2195 DE 2022
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Bogotá D.C., 15 de abril de 2026. La Superintendencia de Sociedades informa que, el pasado 08 de abril de 2026 sancionó a la sociedad LUKET S.A.S., en el marco de una investigación administrativa adelantada con fundamento en las facultades previstas en el numeral 2° de la Ley 2195 de 2022.
La actuación administrativa obedeció a la responsabilidad de la sociedad en el marco del suministro de banco de materiales para la atención de las emergencias generadas en los municipios de San Pablo – Nariño, Quibdó - Chocó y Guapí – Cauca, suscritos de conformidad con las Ordenes de Proveeduría SMD-GS-191-2023 del 12 de octubre de 2023, SMD-GS-229-2023 del 31 de octubre de 2023 y SMD-GS-027-2024 del 29 de enero de 2024, por un valor total de dos mil doscientos cincuenta y siete millones novecientos ochenta y un mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos ($2.257.981.468).
Una vez adelantado el correspondiente procedimiento administrativo sancionatorio, se logró establecer la responsabilidad de la sociedad por la transgresión de las disposiciones relacionadas con actos de corrupción, por lo cual, esta Entidad resolvió: (i) Imponer una multa de quinientos sesenta y nueve millones once mil trecientos veintinueve pesos m/cte ($569.011.329); (ii) Ordenar la inhabilidad de la sociedad para contratar con el Estado; (iii) Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la sanción; (iv) Ordenar la remoción del administrador; y (v) Ordenar la prohibición de recibir subsidios del Gobierno por diez años.
Al respecto, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, enfatizó que “esta decisión reafirma el compromiso institucional con la consolidación de un entorno empresarial sólido, basado en principios de transparencia, integridad y responsabilidad; asociados con la importancia de promover prácticas de ética empresarial y de prevenir y sancionar conductas asociadas a la corrupción, con el propósito de mitigar los efectos adversos que estas generan sobre el mercado y la confianza institucional, contribuyendo así al fortalecimiento de una cultura de legalidad en el ámbito corporativo”.
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