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Fotografía por: Supersociedades

Bogotá D.C., 09 de febrero de 2026. La Superintendencia de Sociedades informa que, en el marco del proceso de intervención judicial adelantado contra Minerales y Energéticos Industriales Minergéticos S.A. y otros vinculados, por captación masiva y habitual no autorizada de recursos del público, se han adoptado decisiones definitivas que permiten avanzar hacia el cierre del trámite, una vez cumplido el objetivo resarcitorio previsto en la ley.

El proceso fue iniciado en el año 2016 bajo la medida de toma de posesión, al evidenciarse que la sociedad y personas relacionadas recibieron recursos del público sin autorización legal. Como resultado de las actuaciones adelantadas por la Superintendencia de Sociedades, se reconoció una afectación total de $4.123.888.876, correspondiente a 26 personas naturales y jurídicas, cuyos derechos fueron plenamente atendidos mediante la adjudicación de bienes, sin que a la fecha existan saldos insolutos a favor de los afectados.

Mediante Auto del 3 de febrero de 2026, la Superintendencia resolvió los asuntos pendientes para la culminación del proceso. En dicha providencia se ordenó el pago de los gastos de administración, correspondientes principalmente a impuestos prediales y cuotas de copropiedad, por un valor total de $1.137.391.087, los cuales serán cubiertos a través de adjudicación de bienes inmuebles disponibles dentro del proceso. Así mismo, se fijaron los honorarios de la actual agente interventora, los cuales serán cancelados igualmente mediante adjudicación, y se ratificó que el anterior agente interventor removido no tiene derecho al reconocimiento de honorarios, en atención a los incumplimientos que dieron lugar a su remoción.

Al respecto el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, destacó que: “una vez más se demuestra que las herramientas legales del Estado permiten proteger de manera efectiva a los ciudadanos frente a esquemas de captación ilegal. En este caso, se logró cumplir el fin resarcitorio del proceso, garantizando la devolución total de los recursos reconocidos a los afectados. Este resultado confirma que el proceso de intervención judicial entra en su recta final”.

La providencia también dispuso las inscripciones registrales necesarias, el levantamiento de medidas cautelares sobre los bienes adjudicados y la realización de las gestiones finales ante las oficinas de registro e instituciones correspondientes, con el fin de dejar el proceso en condiciones de cierre formal, una vez se presente y apruebe la rendición final de cuentas.