¿Un acreedor puede solicitar que se realice un pago y la Superintendencia puede autorizarlo?


El artículo 17 de la Ley 1116 de 2006, contempla los efectos derivados del inicio del proceso de reorganización y en especial la conducta del deudor a quien se imponen una serie de restricciones, como las de realizar pagos, arreglos, desistimientos, allanamientos, conciliaciones o transacciones de obligaciones que fueron causadas con anterioridad al inicio del proceso.

Esta prohibición no es absoluta, pues la norma prevé la posibilidad de realizar dichas conductas, siempre y cuando, el deudor presente solicitud motivada y exista autorización previa, expresa y precisa del Juez del concurso.

En este sentido, la solicitud debe provenir  obligatoriamente por parte del deudor, en los términos exigidos por la norma.

Por otra parte, debe advertirse que frente a aquellas obligaciones causadas con posterioridad a la admisión, las mismas son gastos de administración de conformidad con el artículo 71 de la mencionada ley, y tienen preferencia en su pago sobre aquellas obligaciones objeto del acuerdo de reorganización, incluso se pueden exigir coactivamente.