¿Cuáles son los requisitos del plan de desmonte?


El plan debe ser presentado por el captador o recaudador no autorizado de recursos del público y deberá incluir, entre otros, la relación de las personas beneficiarias de las devoluciones, que debe corresponder a la totalidad de los afectados, y la determinación de los bienes afectos al plan.

La información suministrada por el captador deberá estar soportada en su contabilidad, llevada de acuerdo con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Si no existe contabilidad o no se ajusta a los principios y normas, el captador deberá manifestar, bajo la gravedad de juramento, que la información reportada para efectos del plan de desmonte se ajusta a la realidad económica de las operaciones realizadas, sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de verificación.

El plan debe cubrir la totalidad de las personas afectadas con las operaciones de captación o recaudo sin la debida autorización estatal. Previo a su autorización, la Superintendencia deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la publicidad de la propuesta y para asegurar los bienes ofrecidos para el desmonte.

La Superintendencia deberá verificar que el plan cumple con:

  • Un porcentaje de aprobación equivalente al 75% de las personas afectadas. por la captación o recaudo no autorizado por la ley.
  • Evidencia de que la negociación ha tenido suficiente publicidad.
  • Asignación de los mismos derechos a todos los afectados.
  • No inclusión de cláusulas ilegales o abusivas.
  • Cumplimiento de los preceptos legales.

Una vez autorizado el plan de desmonte será de obligatorio cumplimiento para la totalidad de personas afectadas por la captación o recaudo no autorizado por la ley.

La Superintendencia informará a la Fiscalía General de la Nación, la autorización y el resultado de la ejecución de los planes de desmonte, para lo de competencia de esa entidad.

Ante la inobservancia del plan de desmonte, la Superintendencia de Sociedades  decretará la apertura de la liquidación judicial, sin perjuicio de las actuaciones administrativas y penales a que hubiere lugar.