Funciones grupo soborno transnacional


La Ley 1778 de 2016 atribuyó a la Superintendencia de Sociedades amplias facultades para combatir el soborno internacional. Así, de una parte, le otorgó funciones preventivas, tendentes a promover en las personas jurídicas sujetas a su vigilancia la adopción de programas de transparencia y ética empresarial, de mecanismos internos de anticorrupción, de normas internas de auditoría, promoción de la transparencia y de mecanismos de prevención de conductas de soborno internacional. Adicionalmente, la referida norma le confirió a la Superintendencia de Sociedades facultades de investigación de carácter administrativo y sanción de los posibles hechos de soborno internacional.

Con el fin de establecer la existencia de posibles hechos relacionados con el soborno internacional, esta entidad puede adelantar las siguientes actividades: 

  • Realizar visitas de inspección para recopilar información, lo que puede incluir la captura de datos de equipos móviles y de cómputo.
  • Solicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro de datos, informes, libros y papeles de comercio que se requieran para el esclarecimiento de los hechos que son objeto de investigación, en la forma y términos que ésta entidad determine.
  • Decretar y practicar las pruebas que considere necesarias y conducentes para establecer la veracidad o la existencia de los hechos investigados.
  • Recaudar toda la información conducente a efectos de esclarecer los posibles hechos de soborno internacional.
  • Practicar interrogatorios.
  • Llevar a cabo todas las actividades que la ley le confiere para el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control.

 

Las sanciones que puede imponer la Superintendencia de Sociedades frente a posibles hechos de Soborno Internacional están definidas en el artículo 5º de la Ley 1778 de 2016. En efecto, cuando se determina la existencia de responsabilidad de las personas jurídicas por actos de soborno internacional, la entidad puede decidir la imposición de una o varias de las siguientes sanciones:

  • Multas de hasta 200.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
  • Inhabilidad para contratar con el Estado colombiano por un término de hasta 20 años.
  • Publicación en medios de amplia circulación y en la página web de la persona jurídica, de un extracto de la decisión administrativa sancionatoria, por un tiempo máximo de 1 año.
  • Prohibición de recibir cualquier tipo de incentivo o subsidios del Gobierno en un plazo de 5 años.

 

Adicionalmente, se prevén mecanismos para imponer las sanciones a toda forma asociativa que incurra en alguna conducta de soborno internacional, cuando se trate de personas jurídicas que reformen o cambien su naturaleza después de cometer la conducta y antes de la imposición de la sanción: 

  • Si la sociedad se extinguiere por efecto de una fusión, la absorbente o aquella de nueva creación se hará acreedora de la sanción.
  • Si la sociedad se escinde, todas aquellas que hayan participado en el proceso de escisión, bien como escindente o beneficiaria, estarán sujetas solidariamente a las sanciones.
  • Si existe una transferencia de control en la sociedad, el sujeto adquirente del control estará sujeto a las sanciones.
  • Las reglas precedentes serán aplicables a todas las formas asociativas diferentes de las sociedades.
  • La imposición de sanciones por parte de la Superintendencia de Sociedades a las personas jurídicas no exime a los administradores, contratistas, empleados o asociados de la responsabilidad penal que pueda existir por las conductas de soborno internacional.