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Teniendo en cuenta que el lavado de dinero es un elemento esencial de todo delito financiero, un programa de cumplimiento Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (En adelante ALA/CFT) es un componente fundamental del régimen de cumplimiento general para las empresas. Un sólido programa de cumplimiento ALA/CFT protege a una organización de ser utilizada para actividades de corrupción, fraude, lavado de dinero, y financiamiento del terrorismo.

 

La Superintendencia de Sociedades comprende que el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo se encuentra presente en diversos sectores de la economía y además que el citado riesgo no es exclusivo para las empresas del sector financiero.

 

El Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades (Circular No. 100-000005 de 2017), respecto del Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT, establece el procedimiento de debida diligencia para diferentes contrapartes.

 

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El Lavado de Activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento de activos y dinero, buscan crear esa apariencia legal de sus ganancias, o por lo menos pretenden que sea difícil seguir o rastrear el origen ilícito de sus utilidades ilícitas.

 

Hacemos especial énfasis en el hecho que el lavado de dinero es un elemento necesario de todo delito financiero. Puede ocurrir en cualquier momento de desarrollo de un delito financiero, pero obligatoriamente sucederá.


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Se entiende por Financiación del Terrorismo: "El que legalmente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie, o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados al margen de la ley, o a sus Integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros" (Artículo 345 del Código Penal).


Es un acto por medio del cual se busca dar apoyo financiero a terroristas u organizaciones terroristas, desde el año 2006 es considerado como delito.

 

La detección y prevención del movimiento de fondos vinculados al terrorismo es uno de los componentes más importantes y problemáticos del cumplimiento de la normatividad contra el lavado de dinero, bien sea en lo pertinente a las investigaciones y las medidas de aplicación de la ley. En algunos casos, puede ser literalmente un asunto de vida o muerte.


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SAGRLAFT o Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, se refiere al programa en el cual se deberán tener en cuenta los riesgos propios de cada empresa, relacionados con LA/FT, para ello se deberá analizar el tipo de negocio, la operación, el tamaño, las áreas geográficas donde opera y demás características particulares. Para los anteriores fines, las empresas obligadas deberán contar con una Matriz de Riesgo de LA/FT que les permita medir y monitorear su evolución.


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Los criterios para que las empresas, den aplicación a lo establecido en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica No. 100-000005 de 22 de noviembre de 2017 de la Superintendencia de Sociedades, se encuentran resumidos así: 

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El Sistema deberá contemplar, como mínimo, la descripción de los siguientes elementos para la administración del riesgo de LA/FT:

 

  1. Identificación del riesgo: El Sistema debe permitirles a las empresas obligadas identificar los factores que den lugar al riesgo de LA/FT inherente al desarrollo de su actividad y los demás riesgos relacionados con éste.
  2. Medición o evaluación del riesgo: Concluida la etapa de identificación, el sistema debe permitirles a las empresas obligadas medir la posibilidad o probabilidad de ocurrencia del riesgo inherente de LA/FT frente a cada uno de los factores de riesgo, así como el impacto en caso de materializarse mediante los riesgos asociados.
  3. El Sistema debe permitirles a las empresas obligadas tomar las medidas conducentes para el control del riesgo inherente al que se vean expuestas.
  4. El Sistema debe permitirles a las empresas obligadas ejercer vigilancia respecto del perfil de riesgo y, en general, estar en condiciones de detectar operaciones inusuales y operaciones sospechosas.

 

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 La puesta en marcha del sistema requiere del cumplimiento efectivo de las siguientes etapas:

 

  1. Diseño y aprobación del Sistema.
  2. Supervisión y cumplimiento del Sistema.
  3. Divulgación del Sistema y capacitación.

 

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En su más mínima expresión la debida diligencia se puede entender como el procedimiento por medio del cual se investigan y analizan las posibilidades antes de tomar cualquier decisión.

 

La debida diligencia en lo que respecta a el conocimiento de los clientes y demás contrapartes, cobra mayor importancia, y por ello, equivale a todo esfuerzo correspondiente a reducir el riesgo de "contagiarse", en favor de la empresa y del cumplimiento de las funciones del oficial de cumplimiento: 


i. Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento del sistema. 

ii. Promover la adopción de correctivos y actualizaciones al sistema. 

iii. Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación.

iv. Evaluar los informes presentados por la auditoría interna o quien ejecute funciones similares o haga sus veces y los informes que presente el revisor fiscal y adoptar las medidas del caso frente a las deficiencias informadas.

v. Certificar en la Superintendencia de Sociedades el cumplimiento de lo previsto en el Capitulo X, según lo requiera esta entidad de supervisión. Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información relativa a la gestión y prevención del riesgo de LA/FT. Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del riesgo de LA/FT que formarán parte del sistema. 

vi. Realizar el reporte de las operaciones sospechosas a la UIAF y cualquier otro reporte o informe, en los términos de este Capítulo X.

 

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Es necesario que las empresas a la hora de desarrollar una evaluación de riesgos sigan un proceso documentado. Una recomendación que se puede ofrecer es aplicar las siguientes categorías a los procesos de evaluación de riesgos, es tener en cuenta los siguientes criterios:

 

  • El grado de complejidad del modelo comercial de la empresa.
  • Cuantía y tipo de crecimiento del negocio.
  • Los tipos de canales de distribución utilizados.
  • Posibilidad de cambios en el modelo de negocio.
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Las empresas deberán reportarle a la UIAF todas las operaciones sospechosas que detecten en el giro ordinario de sus negocios o actividades. El reporte debe hacerse de manera inmediata y con naturaleza de "reporte de operación sospechosa" o "ROS" a través del aplicativo SIREL administrado por la UIAF.

 

La presentación de un ROS no constituye una denuncia penal. Por lo tanto, para los efectos del reporte, no es necesario que la empresa tenga certeza de que se trata de una actividad delictiva ni se requiere identificar el tipo penal o verificar que los recursos tengan origen ilícito. Sólo se requerirá que la operación sea catalogada como sospechosa. No obstante, por no tratarse de una denuncia penal, no se exime a la Empresa ni a sus administradores de la obligación de denuncia, cuando a ello hubiere lugar.

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Hace referencia a aquella operación inusual que, además, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad económica de que se trate, no ha podido ser razonablemente justificada.

 

Entonces, para entender mejor el concepto, se explica que es una operación inusual: hace referencia a aquella operación cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica ordinaria o normal de la empresa o, que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro de las pautas de normalidad o prácticas ordinarias de los negocios en un sector, en una industria o con una clase de contraparte.