Solicitud de investigación administrativa

Descripción general

1. Medidas Administrativas

Las medidas administrativas son las contempladas en el artículo 87 de la Ley 222 de 1995 (modificado por el artículo 152 del Decreto 19 de 2012) y comprenden:

  1. La convocatoria de Ia Asamblea o Junta de Socios, cuando quiera que éstas no se hayan reunido en las oportunidades previstas en los estatutos o en Ia ley.
  2. La orden para que se reformen las cláusulas o estipulaciones de los estatutos sociales que violen normas legales.
  3. La práctica de investigaciones administrativas cuando se presenten irregularidades o violaciones legales o estatutarias.

Requisitos

En cualquiera de los 3 anteriores casos, se requiere:

  1. Que la sociedad de que se trate, registre en sus estados financieros al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, por lo menos uno de los siguientes montos:
    • Activos iguales o superiores a 5.000 S.M.L.M.V
    • Ingresos iguales o superiores a 3.000 S.M.L.M.V
  2. Que la solicitud sea presentada por:
    • uno o más asociados representantes de no menos del diez por ciento del capital social o
    • alguno de sus administradores (representante legal principal o suplente, liquidador, miembros de junta directiva, factor o quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones).
  3. Cuando se trate de:
      3.1. Una solicitud de convocatoria, deberá adjuntarse una certificación del revisor fiscal que indique ese hecho.
      3.2. Una solicitud de orden para que se reformen las cláusulas o estipulaciones de los estatutos sociales que violen normas legales, la petición deberá contener Ia relación de las normas que se consideren violadas y el concepto de Ia violación.
      3.3. La práctica de investigaciones administrativas cuando se presenten irregularidades o violaciones legales o estatutarias. La solicitud deberá hacer una relación de los hechos lesivos de Ia ley o de los estatutos y de los elementos de juicio que tiendan a comprobarlos.
      Las irregularidades que puede investigar y sancionar la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de sus funciones administrativas, son las violaciones a los deberes de los administradores y revisores fiscales previstas en el Código de Comercio, la Ley 222 de 1995 y demás disposiciones concordantes. No comprende asuntos contractuales.
  4. Las sociedades, sucursales de sociedad extranjera o empresa unipersonales no sometidas a Ia supervisión de Ia Superintendencia Financiera, que no reúnan los requisitos señalados podrán hacer uso de Ia conciliación ante Ia Superintendencia de Sociedades para resolver los conflictos surgidos entre los asociados o entre estos y Ia sociedad. Sin perjuicio, de acudir en vía judicial mediante demanda y pudiendo acudir a la Delegatura de Procedimientos Mercantiles conforme a sus competencias jurisdiccionales previstas en el artículo 24 numeral 5 de la Ley 1564 de 2012.

Normativa

Tipo de norma
​Número
​Año
​Títulos, capítulos o artículos
Decreto
019
2012
152
Ley
222
1995

​Decreto
410​
1971​
Libro Segundo​
​Ley
1258​
2008​

Ley​
1437​
2011​
Parte Primera​
Ley​
1762​
2015​
Artículos 28 y 29​
​Decreto
1074​
2015​
Capítulo 3 (artículo 2.2.2.3.1. y 2.2.2.3.2.)​
​Decreto
398​
2020​


Procedimiento general del trámite

1. Reunir los documentos y cumplir con las condiciones requeridas para el trámite.

2. Presentar la documentación exigida, por cualquiera de los siguientes medios:
3. Según la medida administrativa solicitada:
    3.1. Solicitud de convocatoria de asamblea o junta de socios.
    Del escrito contentivo de Ia solicitud se dará traslado a Ia sociedad respectiva por el término de diez días a fin de que controvierta los hechos en que se funde Ia solicitud. Vencido este término y si hay lugar a ello, se dispondrá Ia práctica de las pruebas solicitadas por los interesados y las que estime pertinentes el Superintendente. Dentro de los veinte días siguientes al vencimiento del término probatorio, se adoptará Ia decisión pertinente.

    3.2. Solicitud de orden para que se reformen las cláusulas o estipulaciones de los estatutos sociales que violen normas legales.

    Del escrito correspondiente se dará traslado a Ia sociedad hasta por diez días al cabo de los cuales deberá tomarse Ia decisión respectiva. Para tal fin Ia Superintendencia podrá convocar Ia asamblea o junta de socios u ordenar su convocatoria.

    3.3. La práctica de investigaciones administrativas cuando se presenten irregularidades o violaciones legales o estatutarias.

    La entidad adelanta averiguaciones preliminares, mediante traslado de la solicitud de investigación a los administradores y revisores fiscales para que rindan sus explicaciones y ejerzan su derecho de defensa, así mismo, puede efectuar requerimientos adicionales o practicar visitas.

    Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargos y adelantará el procedimiento previsto en el artículo 47 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

    Si dentro del procedimiento administrativo sancionatorio se concluye la existencia de infracciones administrativas se imponen sanciones con base en los criterios que resulten aplicables conforme al artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, hasta el máximo 200 salarios mínimos legales mensuales, según su equivalencia en unidades de valor tributario vigentes.

    Si la solicitud de investigación versa sobre violaciones a las prohibiciones sobre los libros de comercio exclusivamente, se practica una visita y se adelanta el procedimiento previsto en el artículo 29 de la Ley 1762 de 2015. De encontrarse acreditada una infracción se podrán imponer multas entre diez (10) y mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, según su equivalencia en unidades de valor tributario, atendiendo criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.

    Adicionalmente, de concluirse infracciones que permitan acreditar los supuestos de hecho previstos en el artículo 84 de la Ley 222 de 1995, se evaluará la procedencia de someter a vigilancia, por las siguientes irregularidades:
    1. Abusos de sus órganos de dirección, administración o fiscalización, que impliquen desconocimiento de los derechos de los asociados o violación grave o reiterada de las normas legales o estatutarias;
    2. Suministro al público, a la Superintendencia o a cualquier organismo estatal, de información que no se ajuste a la realidad;
    3. No llevar contabilidad de acuerdo con la ley o con los principios contables generalmente aceptados.
    4. Realización de operaciones no comprendidas en su objeto social.
Este documento es meramente descriptivo para orientación al usuario sobre el trámite. Para mayor información, se sugiere revisar la normativa aplicable.

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